Thursday, July 2, 2015

Aclaración estos son los textos para el trabajo domiciliario del 16 de Julio.

Textos para trabajo domiciliario. del 16/07/2015

1. La norma impugnada: Artículo 463 de la Ley N° 16.226 de 29 de octubre de 1991.

Artículo 463.- Declárase que el Estado, los organismos comprendidos en el artículo 220 de la
Constitución y los Gobiernos Departamentales, gozan de inmunidad impositiva, tanto nacional
como departamental, por sus bienes y actividades no comerciales ni industriales.

2. Pasajes de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia N° 146/1997.

2.1. Ubicacion del “problema” a abordar por la Corte y despeje de un “problema” para la Corte.
a) El problema de la falta de norma expresa: la “incertidumbre” y la función de la norma analizada.
“La...Corte...entiende que el texto impugnado...no colide con la Carta Fundamental. Norma que, por el contrario, ha
venido a poner fin a una discusión que se suscitara desde tiempo atrás, en cuanto a la posibilidad de que cualquiera
sea el ente público que hace uso de su potestad tributaria, incluso el propio Estado, sería sujeto pasivo del impuesto
que se creara”. (...) “...en el derecho brasileño"... no se registran dudas sobre la existencia de la inmunidad recíproca,
por cuanto ésta ha sido recibida en forma expresa por el texto constitucional"...(...) “...frente a la potestad tributaria
del legislador...existe también y con el mismo origen superior, potestad tributaria de los Gobiernos Departamentales. Y,
repárese, no hay ningún texto que expresamente resuelva el tema...Es muy claro que había incertidumbre y que para
superarla fue que se dictó la norma en cuestión”.
b) La falta de norma expresa no ha evitado que las Cortes se pronuncien por la inmunidad.
“Analizado el tema, justamente, según las posiciones que se han sustentado en los diversos países, las
mismas no varían según lo visto. Esto es, en general, se ha abogado por la tesis de la inmunidad, variando la
fundamentación: En ese plano, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, ha
postulado el criterio de la inmunidad impositiva, a partir de la idea de que el Estado, ente soberano no puede ser
gravado. Sería un contrasentido que así ocurriera. No obstante no existir en la Constitución de dicho país, una norma
que resuelve expresamente el punto, su máximo órgano jurisdiccional, desde prácticamente el inicio de su actividad, se
ubicó en la línea de aquellos que sostienen que no es posible que el Estado tribute como cualquier otro sujeto.
En el derecho argentino, tampoco existen normas constitucionales que regulen el punto. Lo que no ha sido obstáculo
para que, igualmente, la Corte Suprema de la Nación, haya afirmado "... el principio de la inmunidad de los medios o
instrumentos de que se vale el gobierno nacional para el desempeño de sus funciones...”

2.2. La naturaleza “interpretativa” de la norma.

a) La norma tiene naturaleza “interpretativa” y es “razonable” porque tiene en cuenta “toda” la Constitución
(interpretación contextual) favoreciendo que ésta “dure”.
“No se duda que la norma cuestionada, resulta conforme con toda la normativa superior. Véase que se dice "toda" y
no, en cambio, con respecto a determinados artículos de la Carta. Es que, si toda interpretación jurídica debe ser
razonable y tener en cuenta el contexto normativo a considerar y no meramente un texto aislado, se podría decir, en
todo caso, que ello es más necesario en lo que concierne a la inteligencia de la propia Constitución. Y
fundamentalmente, se debe considerar el sentido o finalidad que se tuvo al consagrar determinados textos que, por
cierto, responden a una cierta filosofía que llevó a que una sociedad se constituyera en Estado. (...) "El primer objetivo
que tiene toda Constitución es durar en el tiempo...Por lo tanto, si la Constitución tiende a durar, y así lo consagra la
tradición del constitucionalismo europeo y la experiencia comparada...es claro que la interpretación tiene como
objetivo fundamental que la Constitución dure (...)” “Sin duda que es clara la naturaleza interpretativa de la misma. A
pesar de que no se haga concreta referencia a la facultad aludida (art. 85, nal. 20)...lo cierto es que procura
desvanecer la confusión que puede surgir del contexto constitucional...Se emplea un término - "declárase" - que detona
esa intencionalidad ...Y aunque es obvio que el giro utilizado no es decisivo en la calificación...al menos su sentido
natural induce primariamente a suponer que la disposición es, efectivamente, de sesgo interpretativo".

2.3. Argumentos para sostener su constitucionalidad.

a) La “asociación política de los habitantes”, el “contrato del que hablaba el héroe” y la intención del
constituyente.
Y, naturalmente, la Corporación, entiende que la interpretación que se hiciera, se ajusta a las normas constitucionales
y, en especial, al contexto de la Carta. “A lo que surge de la misma, si se atiende a todas las normas que le integran y
se refieren al tema y a la finalidad o sentido que ellas tuvieran al ser consagradas en el "contrato" de que hablaba el
héroe (Oración inaugural del Congreso de Abril, 1811)”.
“(...) se puede afirmar que conforme a la "naturaleza de las cosas", tal como se han estatuido en la Carta
Fundamental, no es acorde a la misma que el Estado y esos organismos que lo integran y demás entes menores que se
mencionan, abonen impuestos como un sujeto pasivo más de la respectiva relación tributaria (...) este es el sistema que
se extrae de una interpretación contextual - única válida - de la normativa superior”.
“Sin duda, el Constituyente, no tuvo la intención de que el Estado - y las personas que se indican en la norma
cuestionada - tributasen impuestos, como un sujeto pasivo más. No estuvo en su pensamiento, ni ello surge del contexto
de la Carta Fundamental, reguladora de la "... asociación política de todos los habitantes comprendidos en su
territorio" (art. 1) que es la República...”

b) La “capacidad contributiva”.

b.1) Los tributos se relacionan con la “capacidad contributiva” y ésta con los “individuos”.
“...en otra época, se aludía a que los súbditos debían contribuir al sostenimiento del Estado "en proporción a sus
respectivas capacidades", como lo señalaba Adam Smith, en sus conocidas máximas ...Y...otro distinguido autor
italiano y que fuera presidente de su país, al estudiar los principios del sacrificio igual, proporcional y mínimo en la
repartición del impuesto, (hace) referencia, justamente, a que esta última, debe hacerse entre los "individuos",
actuando por sí mismos o como integrantes de sociedades que él forma, porque al fin de cuentas, es el destinatario de
las obras y servicios de la comunidad organizada. Es que, evidentemente, se partía de la base de que el Estado, como
organización jurídica de la sociedad, creado y creador del derecho, no podía ser, a su vez, sometido a la potestad
tributaria de los entes menores”.

b.2) Lo “absurdo” de que la Nacion “se sacrifique”.
“La Constitución nacional no consagra en forma expresa - tampoco - el principio de la capacidad contributiva, ...No
obstante ello, no puede sostenerse que el referido concepto es ajeno a aquélla. Todo lo contrario: del texto del art. 8,
que consagra el principio de igualdad, se extrae como su natural corolario el de la "igualdad ante las cargas públicas"
y, de él, como principio sub-consecuencial, el de la capacidad contributiva. Y al que no es ajeno, además, el contenido
del art. 72 de la Carta...De conceptualizarse a la capacidad contributiva, como aptitud para soportar las cargas
públicas o para sacrificarse, sería evidentemente absurdo que la Nación, el Estado o sus propios organismos que
disponen de las facultades tributarias, se sacrificaren”.

b.3) El “desmedro de la gestión” y las “defraudadas esperanzas de realizaciones” de los contribuyentes.
“Y lo sería, porque la mengua económica que experimentarían por tal motivo, simplemente conduciría al desmedro de
su gestión, puesto que gran parte de los recursos que nutren sus arcas, resultarían absorbidos por las detracciones,
resultando a la postre, verdaderamente sacrificados los particulares contribuyentes, en especial los que siendo sujetos
pasivos del organismo que se quiera suponer, alienten esperanzas de realizaciones y resulten defraudados en sus
legítimas expectativas" .

b.4) El “principio de economía”.
“El Estado tendría que imponer más cargas públicas, es decir, en el caso, más impuestos, para poder solventar esos
gastos que no serían sino, pagar los impuestos que otros entes públicos impondrían. Como se advierte, nada ganaría
el Estado o, mejor, la comunidad. Más bien, de ese "sistema" – verdaderamente absurdo o insólito - resultarían
pérdidas, por toda la labor que se generaría a partir de impuestos que se deberían crear, para solventar el pago de
otros impuestos. Esto es, una cadena que contrariaría ...el principio de economía”.

c) El caso de los artículos 5 y 69 de la Constitución.

“Y todavía, se derivarían consecuencias incluso más increíbles. Mientras el art. 69 de la Constitución, declara que las
"instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza", estarán "exoneradas" - verdadera
inmunidad - "de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios", las escuelas públicas, liceos
y enseñanza superior, deberían pagarlos. Conclusión ilógica que únicamente se elimina, de optarse por la solución que
consagrara y que se entiende conforme a la Constitución, según se preconiza.
Del mismo modo...en el art. 5 de la Carta ...se prevé que el Estado..."Declara, asimismo, exentos de toda clase de
impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones". El término empleado, en cuanto "declara", es
el correcto, porque antes, es decir, cuando pertenecían al Estado estaban exentos; si con anterioridad no lo hubiesen
estado, ésta no hubiera sido la redacción dada por el constituyente. Es decir el cambio en la titularidad que se estaba
disponiendo, traería aparejado la no exención y, es por ello que la tuvo que prever expresamente”.
2.4. Fallo
Desestímase la inconstitucionalidad planteada.

Tuesday, June 30, 2015

Externo para el 16/07/2015.

¿Cuál es su opinión sobre los argumentos utilizados por la Suprema Corte de Justicia en la Sentencia 146/997?

Saturday, June 20, 2015

PRIMER PARCIAL

NOTAS PRIMER PARCIAL 

Acosta 4
Aita 8
Álvarez, Fabiana 7
Álvarez, Rodrigo 3
Ananía, Paola 7
Ayuto 7
Bail 7
Ballesteros 5
Barca 5
Barceló 6
Benhayan 5
Brom 5
Benítez 9
Colman 6
Caraballo 7
Carrau 5
Castro 6
Cauduro 5
Costa 7
Chevalier 5
Corujo 7
Coello 4
Curbelo7
Díaz, Juan 7
Díaz, Federico 4
Di Martini 8
Di Cesare 6
Facciolo 7
Farías 4
Flores 4
Francia 6
Frigerio 7
Fuentes 6
Galisteo 7
Giorello 3
Godoy 5
Gómez, Diego 4
Gómez, Luciana 4
González, Romina 6
Gutiérrez 7
Iduarte 4
Leite 7
Linder 4
López, Sebastián 5
Minoletti 5
Martínez, Marina 7
Más 6
Martínez, Stefani 7
Méndez, Eddy 5
Merino 6
Moreira 5
Nogueira 7
Núñez 5
Peluffo 5
Pérez, Leticia 3
Pérez, María 4
Pijuan 5
Pintos 5
Piñeyro 5
Pratto 6
Rey 8
Riva 5
Rivera 5
Roskopf 5
Rossi 5
Ruiz 6
Sánchez 5
Silvera, Eladio 4
Silvera, Oscar 5
Sosa, Gabriel 4
Sosa, Martín 6
Torena 6
Ulery 7
Valdez 5
Varela 7

Tuesday, June 2, 2015

TERCER EXTERNO.

a) Es posible sostener, -de acuerdo con la Constitución Nacional-, que existe una obligación para la ley  de que un tributo tenga un efecto de redistribución de la riqueza? 
b) Suponiendo que la respuesta sea positiva, sería posible de ejecución en vía jurisdiccional?

Thursday, May 21, 2015

SEGUNDO EXTERNO

Segundo Externo 2015




4830867 ACOSTA GOMEZ, VIVIANA LORENA
4535509 AITA FERNANDEZ, FELIPE PASCUAL 8
2930470 ALANIZ MORALES, NATANYA LENDI
4834085 ALSINA CAVELLI, VICTOR SEBASTIAN
4805285 ALVAREZ AÑON, FABIANA 6
1956702 ALVAREZ MARTINEZ, RODRIGO ver
4582044 ANANIA OXLEY, PAOLA AMANDA
4475115 ARON BENSICH, JUAN GUILLERMO
4862408 AYUTO PINTOS, MARCELO
4549969 BAIL INGOLD, ANDRES ver
4547330 BALLESTEROS PEREYRA, ETHEL DANIELA
3593479 BARCA BERON, JUAN FERNANDO
4586076 BARCELO RUFENER, EVANGELINA ELIANA
4656705 BENHAYON JALUFF, FRANCISCO FEDERICO
4594283 BENITEZ FERREIRA, ANA CLARA 6
3528570 BEYHAUT DE LEON, VALERIA
4610284 BROM HERNANDEZ, SOFIA 7
4473519 BRZEZIAK BITENCOURT, ESTELA MARY 6
4444604 CARABALLO GRASSO, ANTONELLA 7
4353318 CARRAU LUSSICH, LUCIA
4691495 CASTRO BARBOZA, LUCIA FERNANDA
1877813 CAUDURO ROCHA, ADRIANA LORELEY 6
4688438 CHEVALIER GONZALEZ, VIVIANA JACQUELIN 6
4368958 COELLO CORREA, LIBER ALAIN
4380208 COLMAN PECAPEDRA, CAROLINA
4402671 CORUJO GROS, SOFIA MERCEDES
4237288 COSTA BORCHES, MARIA LAURA
4705154 CURBELO TARDE, MARIA FLORENCIA ver
4786264 DE MARTINI PERDOMO, DAIHANA NATALIE ver
4586382 DI CESARE NICOLAU, LEONARDO GABRIEL ver
5021987 DIAZ CLAIRALLE, JUAN PABLO 8
3588031 DIAZ SOSA, FEDERICO 6
3825426 FACCIOLO FALERO, GABRIELA MARIEL ver
4487023 FARIAS MORAÑA, MARIA DE LOS ANGELES
3143519 FERNANDEZ DA ROSA, SONIA ISABEL
1905341 FERREIRA MENA, LILIANA 6
4558944 FLORES DA CUNHA DOMINGO, MICHELLE 6
4918408 FRANCIA BURGUEÑO, CRISTIAN MARCEL 6
4997753 FRIGERIO MANDURE, NESTOR ALFREDO 8
4503703 FUENTES ESCAMENDI, CARLOS SEBASTIAN 6
4178262 GALISTEO SANDER, JOSE IGNACIO
3611056 GAMARRA MARTINEZ, IANNINA JUDITH
4340305 GEIS BERRUTTI, GERMAN IGNACIO
4429680 GERMANO YAFFE, VICTORIA MARIANA
4607406 GHANS GONZALEZ, ARIEL ESTANISLAO 7
4875284 GIORDANO MENDEZ, BARBARA NOELIA
4467496 GIORELLO FERREIRA, MARIA LUCIA
3891041 GODOY LEDESMA, MARIANA ALEJANDRA
4432538 GOMEZ SANCHEZ, DIEGO MAURICIO 6
4197320 GOMEZ TEJERA, LUCIANA ver
4804901 GONZALEZ DELL ISOLA, ROMINA 7
4617588 GONZALEZ FEOLA, CECILIA
4708837 GUTIERREZ MESA, MARIELA VIRGINIA
4818638 GUTIERREZ ZORRILLA GIANELLI, PABLO 6
3830615 IDUATE MARIN, MARIA ELOISA
4536313 LACASSY PELUSSO, JOSEFINA
4610605 LAGUNA GONZALEZ, SILVIA NOELIA
4553413 LEITE SOSA, KATTY ESTEFANI 6
4728483 LESSA STEWART, MANUEL
4320252 LINDNER LOPEZ, LUCIA
4590833 LOPEZ MIRANS, SEBASTIAN MATEO
4646208 MARTINEZ LIMA, MARINA
4816221 MARTINEZ MENDEZ, STEFANI FABIANA 6
2629871 MAS OVIEDO, CLAUDYA MILENA ver
3088061 MERIDA MORALES, EDDY NURY ver
4337263 MERINO ROIG, FRANCISCO ver
4227024 MINOLETTI DI MARCO, MARIA VIRGINIA ver
5375078 MOREIRA TREZZA, MARIA EUGENIA ver
4100339 NOGUEIRA CORREA, GABRIELA LAURA 7
3039924 NUNEZ GERALDO, SERGIO OSCIDE 6
4497839 PACHECO ROSELLO, VALENTINA
4768548 PELUFFO PRIETO, MAURICIO
1997558 PEREIRA MARIA, LUISA
4667209 PEREZ BARDINO, MARIA CARLA ver
4386228 PEREZ CARO, MARIA LETICIA ver
4056046 PIJUAN IZMENDI, FEDERICO
4810353 PINTOS OXLEY, MAICO ELADIO
4384024 PIÑEYRO CARBAJAL, LUCIA NOEL ver
4670617 PRATTO DE ACEVEDO, PAULA
4833603 REY YUREIDINI, RODRIGO 7
4967682 REYES PEÑA, ANA LUCIA
4526041 RIVA GRELA, FELIPE 7
1744921 RIVERA MARTEGANI, PATRICIA RAQUEL
4567341 RIVERA MORENO, GABRIELA ADRIANA
4608560 ROBINSON TRUCIDO, PAOLA VERONICA
4856976 ROSKOPF BERRO, MIETTE KATHERINA 8
3284693 ROSSI REGO, ALEJANDRO
4716734 RUIZ DICONCA, JOSEFINA
4435770 SANCHEZ MARTINS, ANDREA FERNANDA ver
4734230 SARACINI VILA, MARIA VICTORIA
3076671 SILVEIRA COSTA, OSCAR DAVID ver
4584591 SILVERA VITABARES, ELADIO NICOLAS ver
3981427 SOSA BARRAGAN, MARTIN STEVE ver
4522221 SOSA VALLARINO, GABRIEL ver
4071304 TORENA DE LEON, FLAVIA ELLIANA 8
4925637 ULERY NAVASCUES, IGNACIO DANIEL 6
2991155 VALDEZ FAGOAGA, TERESITA ESMERALDA ver
4438419 VARELA ISLA, AGUSTIN

PRIMER EXTERNO

NOMBRE NOTA
GABRIELA NOGUEIRA 8
Juan Pablo Díaz Miette Roskopf Flavia Torena Felipe Aita 7
Mariana Godoy 6
Agustín Varela. Paula Pratto. 7
Katty Estefani Leite Sosa 8
Alejandro ROSSI REGO 7
Lucía Piñeyro 6
Ignacio Galisteo 7
Claudya Milena Mas Oviedo 6
Marina martínez Lima 7
Daihana De Martini
Leonardo Di Cesare
ver
Luciana Gómez Tejera 6
Ana Clara Benítez
Romina González Dell’ Isola Sofía Brom Hernández Ariel Ghans González 7
Andrea Sánchez Martins 6
Stefani Martínez 7
Martin Sosa Barragán 6
Antonella Caraballo Grasso 7
Federico Pijuan Izmendi. 6
Liliana Ferreira Mena 7
Gabriela Facciolo
Rodrigo Álvarez Martínez Nicolás Silvera Vitabarez 7
Fabiana Álvarez 6
Oscar David Silveira Costa 6
Alfredo Frigerio Manduré 8
Virginia Minoletti Eddy Mérida 6
Eugenia Moreira Florencia Curbelo 6
Sergio Núñez Adriana Cauduro 6
RODRIGO REY SEBATIAN FUENTES FELIPE RIVA 9
CORUJO GROS, SOFIA 6
Estela Brzeziak Jacquelin Chevalier Pablo Gutiérrez-Zorrilla 7
Benhayon Francisco 7
MICHELLE FORES DA CUNHA ver
Lucía Carrau 7
Andres Bail Ingold 7
Cristian Francia 7
Gabriel Sosa Vallarino 6
Francisco Merino Roig 7

Monday, May 4, 2015



Número
Sede
Importancia
Tipo
432/2003
Suprema Corte de Justicia
ALTA
DEFINITIVA
Fecha
Ficha
Procedimiento
24/12/2003
Sin datos
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Materias
DERECHO TRIBUTARIO
Firmantes
Nombre
Cargo
Dr. Roberto Jose PARGA LISTA
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Leslie Alberto VAN ROMPAEY SERVILLO
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Daniel Iberico GUTIERREZ PROTO
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Hipolito Nelson RODRIGUEZ CAORSI
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Pablo Roberto TROISE ROSSI
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Carlos Francisco ALLES FABRICIO
Pro-Secretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia
Redactores
Nombre
Cargo
Dr. Pablo Roberto TROISE ROSSI
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Descriptores
INCONSTITUCIONALIDAD - Via de Accion - Desestimacion - M.E.F. - D.G.I. - PODER LEGISLATIVO - Materia financiera - Facultades - TRIBUTOS - Anticipos - Creacion - Ley - Cuantia - Fijacion - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - Vulneracion - Alegacion infundada - Delegacion de Atribuciones - Inexistencia - INCONSTITUCIONALIDAD LEY No. 17.296 ART. 242 y LEY No. 17.453 ART. 38 - ADMINISTRADORAS DE CREDITOS - Agentes de retencion - Mandato Legal - AGENTE DE RETENCION - Responsable tributario - Obligaciones legales - Alcance - Conceptualizaciones - PRINCIPIO DE IGUALDAD - Vulneracion - Alegacion infundada - Categorias licitas - Conceptualizaciones - LEYES - Regularidad constitucioal - Presuncion
Resumen
Sin Datos


Texto de la Sentencia

Montevideo, veinticuatro de diciembre de dos mil tres.
VISTOS:
Para sentencia estos autos caratulados: "OCA S.A. C/ PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS; DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y BANCO DE PREVISION SOCIAL - ART. 242 DE LA LEY No. 17.296 Y ART. 38 DE LA LEY NO. 17.453 - ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD", Ficha 1-191/2002.
RESULTANDO:
I) Que a fs. 4 la actora, señalando su interés directo personal y legítimo, en calidad de "administradora de crédito", de acuerdo a su giro comercial, impugna los arts. 242 de la Ley No. 17.296 y 38 de la Ley No. 17.453 por entender que coliden con los arts. 8, 10, 83, 85 numerales 4 y 9 de la Constitución Nacional y los arts. 2, 19 y 31 del Código Tributario.
II) En lo sustancial sostiene que las normas impugnadas en tanto exigen a los deudores de la actora, que paguen al B.P.S. y D.G.I. a cuenta de obligaciones tributarias de esta última obteniendo más tarde el resarcimiento resultarían inconstitucionales por cuanto el art. 85 numeral 4 de la Constitución no autoriza al Poder Ejecutivo a imponer trabajos o actividades no pecuniarias.
Afirma que las disposiciones mencionadas podrían originar gravámenes pecuniarios no votados por el Parlamento, y que existiendo silencio del legislador con respecto a la compensación para el resarcimiento, su procedencia estaría condicionada a la subrogación del obligado en el derecho del Fisco.
Entiende que las normas objetadas violarían la igualdad de las personas ante la Ley porque los obligados serían víctimas de una discriminación, incompatible con lo establecido por el art. 8 de la Constitución, en la medida que deberían trabajar gratis en beneficio de toda la comunidad, no estando comprendidos todos los agentes económicos.
Sostiene que la delegación en el Poder Ejecutivo de la designación de los sujetos pasivos responsables y de la cuantía de la obligación de los mismos violaría el principio de legalidad vulnerando los arts. 10, 83 y 85 numerales 4 y 9 de la Constitución y los arts. 2 y 19 del Código Tributario, en tanto son elementos que deben ser establecidos por Ley.
III) A fs. 34 el representante del B.P.S. afirma que la promotora carece de interés directo personal y legítimo, y señala la falta de legitimación pasiva de su representante, en tanto no es una parte afectada por las Leyes en proceso (art. 517 C.G.P.).
A fs. 53 y 64 evacuan el traslado los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la DGI solicitando se desestime la acción incoada.
IV) Se cursó vista al Fiscal de Corte a fs. 81, quien estimó que procede el rechazo del accionamiento en vista.
Se pasaron a Estudio por su orden y se llamaron autos a sentencia, Acordada por unanimidad.
CONSIDERANDO:
I) Que ha de desestimarse la acción de inconstitucionalidad instaurada con las costas a cargo del accionante, cf. Art. 523 del C.G.P..
II) Se ha expresado en el Acuerdo que del análisis de las disposiciones impugnadas y las normas constitucionales con las que se plantea su colisión no resultan elementos que permitan desvirtuar la presunción de regularidad de que gozan las Leyes de entenderlas ajustadas a la normativa constitucional, siendo de excepción su ilegitimidad, por cuanto sólo procede apartarse de tal solución en caso de demostrar, de modo acabado y claro, que existe una real e inequívoca inconciabilidad entre el texto impugnado, y las normas o principios constitucionales invocados, lo que no ha acontecido en el subexamine (v. sents. 21/95 y 211/98).
A fs. 16 en el petitorio, expresa la actora que al imponérsele prestaciones personales sin norma habilitante, se estaría violentando el art. 7 de la Constitución Nacional, pero no explica cuál de los derechos cuyo goce debe ser protegido (vida, honor, libertad, seguridad, trabajo o propiedad) resultaría vulnerado por las disposiciones legales impugnadas.
Tal como lo señala a fs. 40 vto., 41 y 41 vta. la representante del B.P.S., la actora ha sido designada por la Ley sujeto pasivo en calidad de agente retención de anticipos de tributos que recauda la D.G.I..
La obligación que se le impone legalmente es una obligación tributaria; debe retener el anticipo de los tributos de los que son contribuyentes sus acreedores, toda vez que les realice pagos, y siempre que los mismos provengan de una relación crediticia que asegura el resarcimiento.
El agente de retención es un responsable tributario, debe cumplir la obligación de pago de un tercero, y cumplir los deberes formales.
La situación de los sujetos pasivos responsables, (agentes de retención, percepción, sustitutos) corresponde a una situación jurídica tributaria que se traba entre el Estado (Fisco) y el responsable, por expresa disposición de la Ley.
La doctrina nacional, el derecho comparado, la jurisprudencia nacional o extranjera nunca han considerado que la designación de responsables implique la imposición de prestaciones personales como expresa la actora.
El responsable debe cumplir la obligación de pago y las obligaciones formales, esto es, retener el tributo, liquidarlo, verterlo, efectuar las declaraciones, cumplir su deber de colaboración con la administración tributaria que no son servicios personales sino obligaciones tributarias que emanan del ejercicio de la potestad tributaria del Estado.
La actora ha sido designada responsable en calidad de agente de retención por deuda de terceros; su obligación es la obligación de pago mediante la retención y versión del tributo (o anticipo) sustentado en relación de base entre la actora y los contribuyentes obligados al mismo.
Su obligación es retener y verter y es la única responsable por el pago del tributo o anticipo; si no retiene será solidariamente responsable junto con el contribuyente (art. 23 Código Tributario) y el Fisco puede ir contra el contribuyente o contra el responsable (la actora en el caso): su obligación es pecuniaria; la Ley no le está imponiendo un trabajo ni un servicio personal no pecuniario.
Corresponde precisar asimismo que la accionante no explica con claridad cuáles serían las supuestas prestaciones personales que le impondrían las disposiciones legales impugnadas simplemente refiere a que el trabajo que las normas de que se trata le impondrían, constituiría una vasta tarea que implicaría relaciones con millares de comercios adheridos, lo cual exigiría una reestructuración de la empresa.
Ahora bien, tal como lo señala el Fiscal de Corte a fs. 82, las supuestas dificultades invocadas, no pueden erigirse como motivo de inconstitucionalidad de una Ley.
Se advierte al Acordar la carencia de sustento de las alegaciones en tanto la competencia de la Corporación, dentro del ámbito de la inconstitucionalidad se encuentra ceñida al examen de la regularidad constitucional de una determinada disposición, pero no procede incursionar en el análisis de las dificultades prácticas que podría traer aparejada la puesta en marcha del sistema, en tanto ello determinaría una indebida incursión en áreas no contempladas por el Constituyente.
III) En lo relativo al cuestionamiento referido a que las normas impugnadas puedan originar gravámenes no votados por el Parlamento, partiendo de la base que la actora es un agente de retención, debe retener de las sumas que pagará a sus acreedores contribuyentes de IVA e IRIC, el anticipo legalmente establecido debiendo verter al Fisco dicha retención.
Lo que la administradora vierte al Fisco es la retención que efectuó, no son sus dineros sino los montos retenidos; el resarcimiento es inmediato, está ínsito en la retención, el agente de retención retiene del contribuyente porque existe una actividad u operación en la cual puede retener (art. 23 Código Tributario).
No se advierte de qué perjuicio económico quiere resarcirse la actora; cuando va a pagar a sus clientes retiene el anticipo y al mes siguiente lo vierte al Fisco.
La actora se resarce mediante la retención, retiene y vierte dineros que no son suyos.
Si retiene es la única obligada frente al Fisco y si no lo hace es solidariamente responsable junto con el contribuyente; en tal caso si el Fisco va contra el contribuyente la actora no sufre perjuicio y si el Fisco opta por ir contra la actora, ésta deberá pagar sólo en este caso en virtud de su responsabilidad solidaria por incumplimiento de su obligación de retener respondiendo con su patrimonio pudiendo repetir contra el contribuyente (art. 19 Código Tributario).
Resulta impensable que el acreedor de la actora le reclame la totalidad de la deuda original porque por disposición legal, ésta debe efectuar la retención.
Cuando el agente de retención retiene, el contribuyente carece de acción para reclamar el total y la actora retiene en el mismo momento que paga a su acreedor y lo vierte al mes siguiente.
En consecuencia, ambas deudas serán exigibles simultáneamente, en el momento en que la actora deba pagar a su acreedor se hace exigible la retención, pues es al pagar que debe retener.
En suma, las disposiciones legales impugnadas no habilitan la causación de gravámenes pecuniarios contra la accionante; en el eventual e hipotético caso de que tal acontecimiento sucediera no sería lícito (no está permitido por las Leyes impugnadas ni por la legislación tributaria general) y por ende si se verificara tal hipótesis, la accionada tendrá derecho a reclamar la indemnización correspondiente.
La remota posibilidad de que la actora pudiera eventualmente sufrir algún perjuicio, no es idónea para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas ya que contrariamente a lo que sostiene la accionante, las mismas no habilitan ni legitiman en manera alguna la causación de un gravamen no votado por el Parlamento; y por lo tanto de verificarse algún perjuicio la actora tendrá derecho a ser indemnizada.
Tal como lo señala el Fiscal de Corte a f. 82 los argumentos esgrimidos resultan intrascendentes como fundamentación de la inconstitucionalidad de una Ley, lo cual no significa naturalmente que se sostenga la irresponsabilidad estatal, sino que, si los actos de los órganos jerárquicos de la función pública provocan perjuicios a un tercero otros son los mecanismos y otras las vías jurídicas para invocar el derecho que se dice transgredido.
IV) En lo que dice relación con la supuesta errónea aplicación del art. 8 de la Constitución Nacional, no se advierte que haya mediado infracción al principio de igualdad.
En la especie, la norma impugnada ha creado un régimen igualitario para todas las empresas administradoras de créditos en cuanto sean deudoras de contribuyentes del IRIC o del IVA, y no habiéndose establecido diferenciaciones entre ellas no puede verse vulnerado en ese aspecto el principio de igualdad desde que se legisló de igual forma para todos los integrantes del grupo que se encuentran en la misma situación.
Por otra parte, se advierte que los grupos o categorías previstos por la disposición legal impugnada fueron creados de forma razonable, atendiendo a la vinculación de las administradoras de crédito con el contribuyente.
En efecto, el legislador designó agente de retención a todas las administradoras de crédito, a todos los sujetos que tienen con sus acreedores igual relación o vinculación que la actora; por lo que se deduce sin esfuerzo que el principio de igualdad no ha sido violentado.
Como lo ha sostenido la Corporación, el principio de igualdad no impide que se legisle para clases o grupos de personas, siempre que éstos se constituyan justa y racionalmente. Y como explicó Recasens Siches, los seres humanos deben ser tratados igualmente por el Derecho respecto de aquello que es esencialmente igual en todos ellos, en la dignidad personal y en los corolarios de ésta, es decir, en los derechos fundamentales o esenciales que todo ser humano debe tener. Y resulta que, en cambio, deben ser tratados desigualmente en lo que atañe a las desigualdades que la justicia exige tomar en consideración.
De ahí, que como lo recuerda el constitucionalista nacional Justino Jiménez de Aréchaga, la jurisprudencia norteamericana haya sustentado que ningún acto legislativo es válido si afecta claramente el principio de igualdad garantizado por la Declaración de Derechos, pero que el mismo no se opone a que se legisle para grupos o clases de personas a condición de que todos los comprendidos en el grupo sean igualmente alcanzados por la norma y que la determinación de la clase sea razonable, no injusta, caprichosa o arbitraria, sino fundada en una distinción real.
El sentido del artículo constitucional es evitar que se trate desigualmente a los iguales, haciendo discriminaciones arbitrarias y otorgando a unos privilegios que se niegan a otros. O, lo que es lo mismo, que se creen a través de la norma, sin sentido de razonabilidad, desigualdades que coliden con el sentido común y conforman una discriminación ajena al criterio de igualación que corresponde frente a aquéllos que se encuentran en una misma posición (v. sents. 165/66, 42/93, 323/94, 199/98 y 34/02 entre otras).
En suma, no se advierte al Acordar que se haya vulnerado el principio de igualdad desde que la diferenciación establecida por la Ley no resulta caprichosa o arbitraria sino racional, respondiendo a la especial vinculación que posee la accionante con los contribuyentes de IRIC e IVA, que la coloca en inmejorable posición para efectuar la retención.
V) El cuestionamiento por supuesta delegación de atribuciones del Poder Legislativo a favor del Poder Ejecutivo y la invocada violación del principio de legalidad no son de recibo.
Las normas impugnadas no delegan en el Poder Ejecutivo el establecimiento del anticipo y la designación del responsable de la retención, sino que en las mismas se establece el anticipo y se designa al agente de retención.
Las disposiciones legales en cuestión, no están creando un tributo, el IVA y el IRIC, objeto del anticipo, fueron fijados y creados por Ley.
Lo que sí establecen las normas es la designación de un responsable en calidad de agente de retención, pero esa designación está en la propia Ley, no se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de designar al sujeto responsable.
No existe violación al principio de legalidad porque es la propia Ley la que crea el anticipo y designa al sujeto responsable de ese anticipo.
El elemento objetivo del presupuesto de hecho del IVA y del IRIC ya fue definido en la Ley que los creó; el anticipo no es un nuevo tributo sino como la palabra lo expresa, un pago anticipado del mismo.
En lo que refiere al elemento subjetivo se advierte que las disposiciones legales impugnadas designan directamente los sujetos pasivos en calidad de responsables como agentes de retención del anticipo de tributos que la norma dispone.
Tampoco se aprecia vulneración al principio de legalidad en la cuantía del anticipo ya que los parámetros de la cuantía del anticipo surgen de la Ley de creación del tributo, pues la cuantía del tributo es el límite último de la cuantía del anticipo.
El anticipo no podrá tener una cuantía superior a la cuantía del tributo; no existe entonces violación del principio de legalidad (v. sent. S.C.J. 130/98).
Es potestad exclusiva del legislador no solamente imponer determinadas prestaciones tributarias, sino también el orden de su recaudación.
La Constitución habilita al legislador a decidir el cómo y el cuándo de la obligación tributaria, y al hacerlo se está cumpliendo y no violentando el ordenamiento constitucional (v. sents. S.C.J. 153/88, 53/92, 130/98 entre otras).
Varios de los aspectos secundarios de la relación del impuesto, tales como la determinación de la forma imponible, los plazos para el pago del adeudo y en algunos casos las tasas o cuotas del impuesto dentro de los límites fijados por la Ley, pueden ser confiados por ésta al Poder Ejecutivo (v. sent. S.C.J. 59 bis/91).
Como lo señala acertada-mente el Fiscal de Corte a fs. 82 y vto. las normas cuestionadas, no contienen ninguna disposición que importe o represente una delegación de facultades del Poder Legislativo respecto del Ejecutivo, en tanto no puede equipararse la potestad legislativa de creación del tributo con la autorización al Ejecutivo de instrumentar su aplicación.
Cabe concluir por lo expuesto, que no se ha logrado desvirtuar la presunción de regularidad constitucional que existe respecto de la Ley, lo que lleva, en consecuencia a postular la solución desestimatoria del accionamiento de inconstitucionalidad promovido.
Por tales fundamentos y las normas que se incluyeron, la Suprema Corte de Justicia,
FALLA:
DESESTIMASE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INSTAURADA, CON LAS COSTAS A CARGO DEL ACCIONANTE, CF. ART. 523 DEL C.G.P.
Y DEVUELVANSE EN SU OPORTUNIDAD.